Sarkozy: El Héroe de Europa

Este análisis fue publicado el 15 de octubre en Gera´s Place.
Me parece que "la suerte" del Presidente francés Nicolás Sarkozy como Presidente del Consejo de la Unión Europea ha sido enorme, y es que durante ésta Presidencia que sólamente dura 6 meses, le ha tocado resolver varias crisis que lo han catapultado como un político hábil, pragmático y solucionador de conflictos. Si el dicho es correcto, Sarkozy creció -políticamente- gracias a las crisis (europea, del Caúcaso y financiera).

Francia recibió la Presidencia en julio de este año de manos de Eslovenia, con el No irlandés en las espaldas y el enojo alemán con la propuesta francesa de una Unión Mediterránea. Sarko recibía una Unión Europea desgastada y con cero credibilidad. Pero luego vinieron las crisis, en donde las instituciones fueron la olla en donde se cohesionaron las políticas y las medidas logradas con el consenso europeo y que funcionaron para sacarla del atolladero político, institucional y financiero. Después de todo, Europa -como unión política- no está muerta y es que Sarko le dió respiración de boca a boca y quizá hasta le cantó Quelq'un m'a dit. "Supersarko" reposicionó a la Unión Europea y demostró que es necesaria para responder a los retos locales y mundiales con un mismo sistema de valores.

Hoy, no sólo en Francia, sino en toda Europa Sarkozy es visto como el gran solucionador de conflictos, el mismo José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, le agradeció sus avances, pues han sido de gran importancia para la Unión. Barroso comentó que los acuerdos realizados por los países miembros el domingo en Paris significan un importante fundamento para la Cumbre social tripartita, organizada conjuntamente por la Presidencia francesa de la Unión Europea y la Comisión Europea y que tendrá lugar en Bruselas hoy miércoles.

Así mismo el Jefe del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, quien no es ningún fan de Sarko, ha dicho que está impresionado por su manejo de la crisis y su trabajo conjunto con las instituciones europeas. El Jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, se mostró bien impresionado, dijo que reconocía el manejo de la crisis y de los retos que se presentaron ante la Presidencia, y cómo el Presidente del Consejo, y los líderes de los países miembros, reaccionaron rápida y puntualmente.

Y es que Sarko ha demostrado poder intervenir en la solución de problemas de una manera diferente a la política de su antecesor, Chirac: soluciones pragmáticas en lugar de la política de intereses tradicional. Ésto lo demostró en la negociación en la crisis del Cáucaso con los gobiernos ruso y georgiano, logrando el cese al fuego y la retirada de tropas rusa. Donde también intervino Angela Merkel, impulsora de decisiones pragmáticas, y relacionadas a principios más que a ideologías o tradiciones. Europa no puede representarse en un Gobierno de un color o de un partido político como lo hacen los países, Europa no puede representarse como una nación. Europa es la suma de experiencias que se acumulan en un conjunto de principios con aspiración universal. Europa es tan Shakespeare como Hitler, Europa es tan religiosa como secular, es tan Tracia como Mora, Europa es tan fría como Laponia y tan caliente como Íos, Europa es tan diversa como sus quesos Feta, Gruyere, Bryndza, Manchego, Provolone, Cheddar, Allgäuer, Évora, Roquefort, Emmental. Tan versátil como sus embutidos, tan rica como sus vinos, tan distinta como su grastronomía. Cómo unir en una política común toda esta diversidad?

La Unión Europea es un club democrático, en donde el Estado de Derecho, el reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades para todos, la solidaridad y la paz, son los principios básicos conforme a los cuáles se deben buscar las soluciones. Me parece que Sarkozy, y en su momento Merkel, han apelado a ello. No se puede, desde la cumbre Europea, imponer una ideología política, se debe en cambio, apelar a valores que son establecidos como requisitos de membresía para el club y son aceptados por todas las naciones de Europa como necesarios para la convivencia civilizada, pues se entiende que la finalidad debe ser lograr la felicidad de todos los individuos. Éstos principios deben ser mínimos, deben ser principios abiertos que puedan permitir el juego de las fuerzas políticas sin necesidad de anclar desde la Unión programas o normas demasiado especifícas, pues es esta imposición desde Bruselas la que no es bienvenida en las calles europeas y lo que ha llevado a nos tan rotundos como el irlandés, el francés y el holandés.

Ese pequeño reto es lo que Europa tiene por delante, parece que Sarko lo entendió y gracias a las crisis revivió a la Europa de los principios que debe prevalecer sobre la de las instituciones.

Qué quiere decir Estado de Derecho?

Pensé que este tipo de letreros que encontramos en las tiendas mexicanas me serviría como un buen ejemplo para explicar el Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es un Estado de leyes, es un Estado en donde las autoridades son creadas a partir de una constitución (ley) democrática, es decir creada por el pueblo y cuyas funciones están determinadas a través de leyes. En un Estado de Derecho la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite, y obviamente no puede hacer lo que le está prohibído. El poder del Estado nace de la Constitución y por lo tanto depende de ella.
El que un Estado de Derecho sea un estado de leyes apegadas a una ley superior suena quizá obvio, pero podríamos existir como un Estado de consejos, que sería un Estado en el que la autoridad y los ciudadanos guían su actuar por los consejos que da un "jefe supremo" o "un ciudadano notable", por ejemplo. Un Estado de Derecho regula el actuar del poder político y de sus ciudadanos a través del Derecho, el Derecho es un sistema de normas. Un Estado Constitucional de Derecho es aquél en el que el sistema de normas parte de una norma primera y jerárquicamente superior que determina cómo y quién puede crear las demás normas, cómo y quién las puede aplicar y cómo y quién puede resolver los conflictos en su aplicación.
Un Estado de Derecho es pues un Estado organizado por el Derecho.
El hecho de que el Estado esté organizado por leyes nos da confianza y seguridad, pues sabmos que las autoridades no van a amanecer un día con alguna nueva ocurrencia, que los legisladores no pueden un día prohibirnos usar pantalones negros o que si los jueces están de buen humor van a perdonar al homicida. El hecho de que un Estado pueda llamarse Estado de Derecho quiere decir que el Gobierno va a actuar conforme a esas leyes previamente establecidas y que yo como ciudadano debo esperar que así lo haga. En un Estado de Derecho cuando una autoridad no actúa conforme a la ley, tengo la opción de ir con un juez y pedirle que le exija a la autoridad que ha violado la ley, que me restituya o que actúe conforme a ella. En un Estado de Derecho puedo esperar no sólo una conducta de parte de las autoridades, sino también de parte de todos los demás individuos. Si vendo mi casa, espero que me paguen, y si no me pagan, tengo derecho a acudir con un juez y pedirle que le exija al comprador de mi casa que me pague. El juez tiene que actuar conforme a las leyes que le dan su autoridad y el deudor tiene que pagar el precio de la casa.
Vivir en un Estado de Derecho nos da a todos la seguridad de que las cosas funcionarán como esperamos que funcionen, estabiliza nuestras espectativas. El Gobierno sólamente puede hacer lo que las leyes le facultan y los individuos podemos hacer todo lo que no nos esté prohibido.
Cuando un Estado se organiza a través de leyes, necesita tener órganos que las creen y las apliquen. Cuando este poder se concentra y no le ponemos límites, entonces el órgano o persona puede crear las leyes que quieran y aplicarlas -o no- cuando quiera. Si dividimos el proceso de las leyes y le ponemos límites a su creación, podemos estar más seguros de que las leyes serán justas o de que al menos eso se intentará. Para eso sirve una Constitución: para dividir al poder y para determinar los límites a la creación y aplicación de las leyes, que son los derechos y libertades de las personas. Cuando una autoridad invade la tarea de otra o cuando una autoridad sobrepasa un límite, se acciona una garantía: la verificación de la constitucionalidad (superlegalidad) del acto. Esta garantía sirve para darnos la seguridad de que la autoridad debe actuar conforme a las leyes y si no lo hace, hay mecanismos para sancionarlo y restituirme.

Cuando vamos a una tienda de abarrotes o una papelería y pedimos al tendero que nos fíe la compra de útiles escolares para nuestros hijos porque es fin de quincena y no tenemos ya dinero pues tuvimos que pagar la colegiatura, la luz, el gas, el super, la gasolina y además las medicinas de la abuelita enferma, es muy probable que el tendero nos diga "No Fío". Por qué? porque si nos fía a nosotros, no tendrá excusas para no fíarle a los demás, porque ahora mis razones suenan convincentes para que me fíe, pero al rato llegará alguien con una historia mejor o razones más poderosas para fíarle; al final del día el tendero se quedaría sin mercancía y sin dinero, nosotros saldríamos ganando, pero el tendero, su familia y sus proveedores saldrían perdiendo. Cuando vamos a la tienda y vemos el típico letrero de "No Fío" entendemos las consecuencias y estamos conscientes de que por más razones que le demos al tendero y por más grave que sea nuestra situación, no puede ceder, al ceder quiebra su único sustento que es la idea de "no fíar a nadie, sea cual sea la razón".

Lo mismo pasa con el Estado de Derecho, si pensamos que los secuestradores en México son una buena razón para realizar una excepción al Estado de Derecho, si creemos que los delincuentes no merecen respeto a sus derechos y libertades, si consideramos que es bueno que un policía dispare cuando tenga sospechas, si aceptamos cualquier excepción al Estado de Derecho quebramos su sustento: la confianza y seguridad de que las autoridades actuarán siempre conforme a la ley.

El Estado de Derecho no fía, no debe fíar nunca.

El Presidente Fracturado y el Segundo Informe de Gobierno

La imagen del Presidente Calderón con un cabestrillo es la alegoría prefecta de un gobierno fracturado, doblado y maniatado.

El sábado por la noche salieron miles de personas a las calles en México, en todo el país, a exigirle seguridad a él, a su gabinete y a los gabinetes y gobiernos locales. No se trata de un retórico "si no pueden renuncien".

El pueblo ya está harto de tener que limosnear una de las actividades básicas del Estado, la seguridad. Y es que parece que no lo han entendido. Toman el reclamo como si se tratase de un reto, de un concurso inventado por los ciudadanos para ver qué gobernante es más hábil y qué partido merece quedarse con el gran premio: el Gobierno o la mayoría en el Congreso.

No, no es un reto, no se trata de una apuesta ni de un concurso, la marcha ciudadana es un reclamo vivo, es un reclamo en serio. Tratamos de hacer entender al Estado que lo único que tiene que hacer es cumplir con su tarea básica: la seguridad. Sino, para qué queremos al Leviatán?

La Presidencia de la República anuncia oronda "nuevo formato del Informe de Gobierno" ya no vamos a ir al Congreso, ahora vamos a informarte a tí ciudadano, directamente (!). Bien, eso suena muy democrático, pero no lo es. En México no hemos acabado de entender para qué sirven los legisladores, ni mucho menos entendemos qué es eso del Estado de Derecho, que hasta el Presidente, jurista de profesión, ignora.

Desde el sábado Presidencia publicó en su página web los "Mensajes del Presidente Felipe Calderón Hinojosa en torno al Segundo Informe de Gobierno". Ellos están divididos en 4 rubros: Mensaje de Igualdad de Oportunidades; Mensaje de Economía; Mensaje de Estado de Derecho;
Mensaje de Seguridad

El tema de Estado de Derecho es el que me ocupa aquí, pues es, desde mi punto de vista el quid del problema mexicano.

Estado de Derecho no quiere decir que no haya delincuentes o que se cumpla más (cualitativamente) con las leyes. Tener un Estado de Derecho quiere decir que la existencia del Estado está basada en leyes, concretamente en la Constitución. Un Estado de Derecho (EdeD) es aquél cuyo sistema jurídico no sólamente parte de, sino descansa en la Constitución. Un EdeD es aquél cuyo gobierno solamente actúa cuando las leyes lo facultan (verbo podrá) y cuando un gobierno cumple con las obligaciones que las leyes le establecen (verbo deberá).

Para que un Estado se pueda autonombrar EdeD debe cumplir con ciertos elementos básicos:

1) garantizar los Derechos Fundamentales a todas las personas y garantizar la vía jurisdiccional en caso de que éstos derechos sean limitados o violentados por una autoridad;

2) garantizar la seguridad jurídica, es decir, que los actos del Estado sean conmesurables y calculabes, que sepamos cuándo va a actuar y cómo lo va a hacer, que los ciudadanos tengamos confianza en el comportamiento del Estado y las consecuencias de las leyes; 3) garantizar la división de poderes y la independencia de los jueces; y 4) garantizar el principio de legalidad y la proporcionalidad de los actos de cualquier poder político.

El hecho de que hoy, 1 de septiembre, no se rinda el Informe de Gobierno en el Congreso por parte del Ejecutivo no es un triunfo del Presidente Calderón. Así nos quieren hacer entender, pero la realidad es que el hecho de que el Jefe del Ejecutivo no pueda presentarse en el Congreso a rendir a los ciudadanos el informe del estado que guarda la administración pública, es realmente una derrota de los ciudadanos y una pírrica victoria de la oposición.

No estoy de acuerdo con el viejo formato del Informe, largas horas de cifras y "logros" de la administración ante un "público" que aplaude automáticamente. Pero tampoco estoy de acuerdo con que el jefe del Ejecutivo, no vaya nunca a rendir cuentas a nuestros representantes, porque los legisladores en el Congreso son eso, antes que productores de leyes a destajo. Las leyes, son el medio del EdeD para controlarse. Los legisladores producen o derogan leyes en representación de todos los ciudadanos en cumplimiento del EdeD, para que el Gobierno respete el EdeD y en caso de que ésto no suceda, los jueces resuelvan cumpliendo con los principios del EdeD.

La existencia de un EdeD no se justifica en la seguridad pública, entendida como la tarea del Estado de brindar a sus ciudadanos seguridad en su persona y en sus bienes respecto de los demás ciudadanos. La existencia del EdeD está justificada en la garantía de la libertad de los ciudadanos respecto del Estado. Y parece que eso es lo que no comprenden nuestros gobernantes.

Son dos relaciones distintas. La primera es una relación entre ciudadanos que regula el Estado por medio de leyes (civiles o penales). Cuando me roban mi reloj en el semáforo, estamos ante una relación entre particulares, el ladrón me despoja sin derecho de mi propiedad y el Estado tiene que hacer algo, yo ciudadana, autoricé al Estado a usar la fuerza para restituirme mi propiedad y para sancionar a aquél que me la quitó. El Estado tiene el deber de cumplir con esta tarea en atención a los principios del Estado de Derecho.

La segunda es una relación entre el ciudadano y el Estado regulado por medio de la Constitución y otras leyes (administrativas principalmente). El ladrón me despoja de mi reloj, yo voy a denunciar el hecho ante las autoridades competentes, quienes de acuerdo con los princpios del EdeD deben investigar y resolver el robo. El Estado tiene el deber de procurar e impartir justicia de acuerdo con los principios del EdeD. En este caso el ladrón no tiene que cumplir con los principios del EdeD, y yo tampoco.

De manera que si los ciudadanos salimos a marchar a la calle a exigir seguridad, estamos exigiendo al Estado que cumpla con su obligación que consiste en cumplir con las leyes y hacerlas cumplir, es decir que acabe con la impunidad.

Y para seguir con el rosario de absurdos:

El que el Presidente no vaya personalmente a rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública, y envíe, primero el informe por escrito, y después a los Secretarios que no tienen ninguna reponsabilidad política es invertir la relación, es absurdo. Es un pensamiento reduccionista y comodino "Yo Ejecutivo no tengo que rendirle cuentas a nadie, que el Congreso lea mi informe y si tiene alguna duda, le mando al experto del ramo para resolverla, mejor grabo 4 mensajitos en la tele y escribo unas líneas para que los ciudadanos que quieran, lo vean o lean." De eso no se trata. No solamente.

El informe no tiene como objetivo rendir culto a la personalidad que encarna el Poder Ejecutivo, como malamente se deformó el acto. El informe tiene como objetivo que el Jefe del Gobierno rinda cuentas a los representantes ciudadanos. En México no nos gusta aceptarlo, pero los legisladores no están solamente para hacer leyes, están para informarse sobre los temas del Estado, su trabajo consiste en representarnos todo el tiempo, y parte de su trabajo es por ejemplo, informarse profundamente sobre el tema del petróleo para tomar una decisión en nuestro nombre. Su trabajo es vigilar de cerca al Gobierno para controlar al Ejecutivo y para solicitarle la rendición de cuentas sobre los temas que juzgue convenientes. Eso es la división de poderes, un principio básico del EdeD es el sistema de controles, de pesos y contrapesos.

El Informe de Gobierno es un control, el envío de un texto y de empleados no cumple con la función de control, al menos no cumplidamente.

En un sistema presidencial, el Jefe de Gobierno y el Jefe de Estado se conjugan en la figura del Presidente de la República, y sólo éste tiene responsabilidad política ante el Congreso. El cambio de formato que se esperaba no era evitar rendir cuentas, muy al contrario, el cambio de formato que se esperaba era que los representantes, es decir, los legisladores, interpelaran (interrumpieran y preguntaran) al Presidente sobre los asuntos de los que rinde el informe.

El Estado de Derecho en México está flatline. Urge darle una descarga para revivirlo: propongo una revisión integral de nuestra Constitución para volverla normativa.

Del Baúl: Seguridad Pública y Justicia en 2000

Otro Oldie de aquél 2000. Las reformas en materia de Seguridad Pública y Justicia, así como la creación de una Fiscalía General de la Federación.
Para que vean que lo que ahora se propone no es nuevo, se quedó en el cajón del escritorio de Fox. Calderón lo encontró y un sexenio después, lo presentó al Congreso, con la notable diferencia de que Calderón ganó por unos cuantos votos más que López y por lo tanto muchos mexicanos cuestionan su legitimidad. No ha sido fácil pasar reformas con escasa legitimidad y menos con un PRD en franca y obtusa oposición.
Fox no aprovechó la gran legitimidad de que gozaba su Presidencia. Al inicio de su sexenio México debió haber revisado sus leyes fundamentales, remozado sus instituciones. Hoy entre gritos y sombrerazos se presentan iniciativas que, de ser aprobadas, dejarán importantes aspectos fuera y, como todo legislador quiere meter su cuchara, les serán introducidos monstruitos como el cambio al segundo párrafo del 16 constitucional: "obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."

Reformas en el área de Seguridad Pública

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Esta entrada estaba preparada desde hace más de una semana y por ello no hace mención sobre la discusión actual que ha despertado el caso Martí. Sin embargo, es importante mencionar que para tener un sistema de seguridad pública y procuración de justicia eficaz, es decir, para evitar que existan más casos como el de Martí y muchos otros, es necesaria una reforma integral de las instituciones y no un wishful thinking o medidas populistas e irresponsables como proponer cadenas perpetuas, pena capital o un millón de piquetes en los ojos...

Give Peace a Chance 080808-0808

Fernando Martí, la Pena de Muerte y Robespierre

Un requisito para que se diga que una comunidad tiene Derecho es que exista una autoridad y unas reglas, y para que un Estado se pueda autodesignar Estado de Derecho, se requiere que la autoridad se apegue a las reglas. México, se supone, es un Estado de Derecho y como tal sus autoridades sólamente pueden actuar conforme y cuando la ley se los permite. Ya entrados en el siglo 21, algunos Estados soberanos, como México, hemos aceptado adscribirnos y ser parte de un orden mundial en donde el respeto a los derechos humanos es parte de las reglas. México forma parte de la Organización de Estados Americanos, y México ha firmado diversos tratados y declaraciones internacionales que protegen los derechos humanos, entre ellos, el más valioso: la vida. De acuerdo con el artículo 43 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ningún Estado puede reestablecer la pena de muerte si anteriormente la ha abolido. Sin embargo, se decía, al ser la Constitución la cúspide de nuestro sistema jurídico, en México existía la pena de muerte, pues era posible revivirla de su exilio en un rincón del 22 constitucional.
Hasta 2005, el artículo 22 de nuestra Constitución reconocía la posibilidad de aplicar la pena de muerte a determinados delitos que el constituyente del ´17 consideró como los más graves. A pesar de ello, nunca fue aplicada en nuestro país, pues en los Códigos Penales no se encontraba reglamentada. Al reformarse en ese 2005 el artículo 22, México se unía al grupo de abolicionistas y estados garantes del derecho más básico.

Hay más argumentos en contra que a favor de la pena de muerte, un Estado no puede convertirse en justiciero ni vengativo, y mucho menos en asesino. Si el bien más preciado del constitucionalismo es la dignidad, cómo puede un Estado Constitucional contradecir su principio más básico?

En lo que va de 2008 han habido ya 2413 ejecuciones en México (Reforma), si se compara éste número con el número de muertos en Iraq podríamos ver que México padece los estragos de una guerra. Es verdaderamente alarmante el número de delitos cometidos, no sólamente en el Distrito Federal, sino en todo el país, y no hace falta atender a estadísticas, con leer cualquier periódico se puede uno dar cuenta que no hay lugar excento de violencia. Además, qué mejor prueba que la experiencia. Cada día escucha uno historias sobre asaltos, robos, secuestros express; la violencia se ha vuelto cotidiana. Nadie se impresiona en México cuando uno cuenta sobre su último asalto a mano armada, todos movemos la cabeza y pasamos "al que sigue".

Hace un par de días México recibió la terríble noticia de un adolescente secuestrado y asesinado a sangre fía por una banda de criminales, que además resultó estar formada por miembros de instituciones policiacas. Fernando Martí de 14 años, hijo del empresario de las tiendas del mismo nombre y los gimnasios Sport City. El caso de Fernando ha indignado a todos, gobernantes y ciudadanos, ricos y pobres y cómo no. Un chico de secundaria privado de su libertad durante varias semanas, torturado y asesinado a cualquiera indigna y enfurece.
La sociedad harta de leer, escuchar y vivir la violencia reclama justicia y reclama la pena capital para éstos bárbaros que secuestraron a Fernando y no sabemos a cuantas personas más. Ojo por ojo exige México a sus gobernantes.
Después de leer que el Presidente acudió a la misa celebrada para despedir a Fernando, que la Comisión Permanente ha guardado un minuto de silencio por la tragedia de la familia Martí, que algunos legisladores federales y locales se han pronunciado a favor de la pena de muerte para secuestradores; me pregunto, qué pasa en México?


Estamos reaccionando bien?


En primer lugar, no simpatizo con la idea de dar cobertura, ni periodística ni institucional, a UN sólo y lamentabilísimo caso. Pues leo que la escolta de Fernando también fué asesinada y nadie se ha preocupado por guardar un minuto de silencio por las familias Palma y Salmones. Ningún periódico ha publicado estadísticas -o mejor- nombres de personas secuestradas en nuestro país y que también, como Fernando, fueron asesinadas. Ningún otro caso de secuestro ha adquirido la calidad de "prioritario", como lo adquirió el caso Martí a voz del Jefe de Gobierno del D.F. Ningún otro caso amerita celeridad en su resolución? La familia Pérez o la García no merecen atención prioriaria y expedita de sus autoridades?

Me preocupa leer que la prensa y peor, nuestro gobierno, reacciona solamente cuando sufre una familia con apellido y dinero. Una familia que afortunadamente tiene voz para denunciar la violencia que vivimos TODOS los mexicanos día a día. Es terríble que haya tenido que morir un jovencito para abrir los ojos a las autoridades, pero es terríble que hasta hoy, no sabemos cuántas personas, de todas las edades y estratos sociales, han perdido la libertad y la vida antes, y nadie se enteró.

En segundo lugar, no simpatizo tampoco con la politización de este asunto. El Gobierno Federal y el Local están lucrando con la tragedia y cada uno está jalando agua a su propio molino, cada "lado" se posiciona y toma partido como si se tratara de un tema polémico. En realidad lo que aquí subyace es la incapacidad de nuestras autoridades federales y locales para prevenir y combatir la delincuencia que se ha apoderado de nuestras calles.

Finalmente, no simpatizo con la idea de reinstaurar la pena de muerte, primero por las razones arriba explicadas, México no puede -no debe- formar parte del grupo de países que hoy todavía practican la pena de muerte (Estados Unidos, China, Iraq, Irán, Paquistán, Arabia Saudí). Jurídicamente el establecimiento de la pena de muerte no es posible, más que a través de una reforma constitucional, y para ello se requerirían mayorías cualificadas en ambas cámaras y la mitad de los congresos locales, confío en que en el tema de Derechos Humanos, nuestros legisladores no quieren dar pasos de cangrejo. Hoy en día, en México, la pena de prisión por el delito de secuestro puede llegar hasta los 70 años, si consideramos que la menor edad que puede tener el delincuente es de 18, estamos hablando de que un secuestrador saldría a los 88 años de prisión. Lo que habría que meditar es la anulación de la posibilidad de obtener beneficios y preliberaciones, pero aquí abogaría no solamente por el delito de secuestro, sino también el de violación.
En México hacen falta autoridades capaces que apliquen efectivamente la ley y no penas draconianas ni un régimen del terror. Sabemos ya, desde 1764, que "lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. No se debe aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves pero con toda seguridad." (De los delitos y las penas. Cesare Beccaria)

Si ya existen penas altas para los secuestradores, por qué queremos los mexicanos participar en un festín de sangre?
No vayamos a acabar como Robespierre.
Geraldina González de la Vega

Del Baúl: La Reforma del Estado, no es tema nuevo

Con la transición iniciada en 2000, se reflexionó acerca de la imperiosa necesidad de revisar y adecuar nuestra Constitución a los nuevos retos. Quedó todo en palabras. Una vez pasadas las elecciones Porfirio Munoz Ledo realizóuna importante labor de consulta y preparación de propuestas con académicos y personalidades, existe una publicación. El ego enorme del Presidente Fox chocó con el no menos grande de Munoz Ledo. Munoz Ledo acabó en Bélgica, y nuestra Constitución quedó intacta, con algunos remaches menores que la hicieron más frankensteiniana.
Esta fue una colaboración en aquél 2000.
El Problema del Constitucionalismo Mexicano

Del Baúl: la llegada de Fox en 2000

A finales de 2000 escribí esta optimista colaboración para Infosel.
La Hechura de un Presidente

Trastornos democráticosII

No tengo ninguna duda de la importancia de la reforma petrolera. Pero me preocupa que un tema de tal relevancia para México, sea manipulado y utilizado por todos los partidos políticos como parte de su agenda electoral y su éxito individual. El Petróleo es un tema sensible hoy, no sólo para México, sino para el mundo, y efectivamente del trabajo de los legisladores federales dependerá el futuro energético de nuestro país, con todo lo que ello implica. Sin embargo, la consulta organizada por el PRD y realizada por parte de Gobiernos Locales e Institutos Electorales Locales dista mucho de ser el mecanismo ideal y constitucional para darle cauce a una decisión que corresponde a nuestros representantes en el Congreso de la Unión. La Constitución Mexicana es muy clara: las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, y, de acuerdo con la Ley Fundamental Mexicana, legislar sobre hidrocarburos es una materia concedida a la Federación. Entonces, me pregunto, por qué hasta el día de hoy, la Federación no ha interpuesto una Controversia Constitucional para que sea la Corte quien resuelva de una vez por todas si la consulta popular es un acto de autoridad estatal y/o del Distrito Federal que invade la esfera de competencia de la autoridad federal. Con esto reafirmaríamos nuestra democracia, resucitaríamos a la Constitución y nos evitaríamos futuras consultas que no hacen más que minar nuestro Estado de Derecho. Santo Remedio.
Geraldina González de la Vega

Freedom's Law

Freedom's Law
The Moral Reading of the American Constitution
Ronald Dworkin