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| Por Ernesto Núñez y Martha Martínez |
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Ciudad de México (28 febrero 2010).- El año pasado, el presidente Felipe Calderón llamó "ingenuos" a quienes plantean un cambio de estrategia, y el pasado jueves, en un discurso pronunciado en Mérida, pidió a sus críticos que le presenten otros planes anticrimen. Especialistas en seguridad y Fuerzas Armadas, sociólogos, defensores de derechos humanos y escritores fueron convocados por Enfoque a sugerir una idea o plan distinto a lo que está haciendo el gobierno de Calderón para combatir al narco. La mayoría coincidió en señalar que la lógica militar para enfrentar el problema está agotada. Por ello, proponen otras maneras de encarar el tráfico y consumo de drogas, que podrían y deberían articularse en una estrategia integral que involucre no sólo al gobierno federal, sino a los poderes Legislativo y Judicial, a los estados y municipios, y a la sociedad. Cambio de enfoque Rubén Aguilar Valenzuela. Analista político, profesor de la UIA. Fue portavoz de la Presidencia de la República. La "guerra" no es el camino para hacer frente al problema. Son cada vez más los políticos, intelectuales y académicos que coinciden en este punto: Zedillo, Cardoso, Gaviria, Vargas Llosa, Fuentes y el recién fallecido Tomás Eloy Martínez, por mencionar algunos. La línea de solución, como ocurre en los países más desarrollados y con democracias muy sólidas, es enfrentar el problema desde la lógica de un problema social de salud pública, como el tabaco, el alcohol o la prostitución. Se asume que la compra venta de drogas es un problema que ha estado presente a lo largo de la historia y que lo seguirá estando. No se trata de erradicar el problema sino de administrarlo desde la lógica de las instituciones del Estado. Esto implica, entre otras cosas, que hay que enfocar la acción en: a) reducir al máximo los daños colaterales que trae consigo el consumo-venta de drogas: la violencia y la corrupción; b) evitar al máximo el daño de quienes sufren de las adicciones: asistirlos como enfermos; c) trabajar en la línea de legalizar las drogas blandas: es el caso de la mariguana, como está sucediendo en Estados Unidos. Es necesario que el gobierno dialogue y negocie con Estados Unidos. El mayor consumidor de drogas del mundo no hace la "guerra" a los cárteles que controlan la venta en sus ciudades; muchas de ellas, plazas en manos de los cárteles mexicanos. Han logrado que ese comercio, que siempre se va a dar, ocurra sin violencia. Tenemos mucho que aprender del tratamiento que el gobierno de Estados Unidos da al problema. Estrategia integral Emilio Álvarez Icaza. Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Urge la aplicación de medidas alternativas articuladas en una estrategia integral: 1. Transformar el funcionamiento del aparato de justicia mexicano. 2. Mejorar el funcionamiento del aparato de justicia social: generar empleos y condiciones de bienestar para la población. 3. Combate al poder económico de la delincuencia, que le ha brindado su poder corruptor. Para ello debe desarrollarse un amplio trabajo de inteligencia y buscar estrategias de colaboración con el sector empresarial y bancario. 4. Prevención. México necesita tomar conciencia de que ya no es un país de tránsito de drogas, sino que se ha convertido en un importante consumidor. 5. Cambio en la relación con Estados Unidos, que no puede seguir evadiendo su responsabilidad en el problema. México requiere de un empleo más agresivo de la Convención de Palermo y exigir resultados y cooperación. 6. Fortalecer el sistema político y el Instituto Federal Electoral para que tengan las herramientas necesarias que eviten la infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas. Sólo los países que han respetado los derechos humanos de su población en la lucha contra el narcotráfico han tenido éxito. México tiene hoy la oportunidad de superar este fenómeno atacando sus debilidades. Libro Blanco de la Seguridad y la Defensa Mario Arroyo Juárez. Investigador asociado a la Cátedra de Inteligencia Estratégica de la EGAP/ITESM. Los conocimientos científicos actuales y las experiencias internacionales exitosas en materia de seguridad nos demuestran que, para recuperar la calidad de vida de los ciudadanos y dotar de sentido al concepto de justicia, es necesario implantar una política criminológica de Estado. Para concretar este esfuerzo es necesario realizar un programa nacional con racionalidad técnica y no burocrática, de ahí, con base en diagnósticos hoy inexistentes, seleccionar estrategias y derivar acciones, capacitar y entrenar recursos humanos, implementar, monitorear y evaluar dichas acciones. Por su naturaleza, debe ser un ejercicio transexenal y consensuado socialmente. Del programa deben derivarse al menos 10 estrategias que hagan del ejercicio algo integral: 1) recopilación y análisis de información; 2) nueva arquitectura institucional; 3) justicia eficaz y cercana a la gente; 4) educación para la convivencia; 5) crear entornos seguros y sanos; 6) reformas legislativas con base en estudios empíricos; 7) participación social; 8) fortalecimiento de la identidad, equidad y desarrollo; 9) innovación tecnológica y; 10) cooperación. Los medios técnicos y el presupuesto existen, no así la responsabilidad ética de utilizarlos y construir una visión de futuro: un libro blanco de la seguridad y la defensa. Consenso político* Luis Astorga. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Crear una política de seguridad de Estado, con consenso político y en la que todos cedan. ¿Qué cederían? Los vínculos de protección, las relaciones de corrupción de miembros prominentes de las estructuras políticas que tienen posiciones de poder en todo el país y en todos los niveles de gobierno. Eso implicaría eventualmente (y ése sería el objetivo) fortalecer las instituciones democráticas, suponiendo que todos queremos un sistema democrático con instituciones fuertes y no un sistema autoritario. Cooperación internacional Raúl Benítez Manaut. Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. La denominada por el presidente Calderón "guerra a las drogas", para tener perspectivas de éxito, debe de contar con cuatro elementos fundamentales. 1. Las políticas del gobierno deben ser integrales. Deben ser de corto, medio y largo plazos. El gobierno mexicano tiene 18 secretarías de Estado que deben participar en este esfuerzo, no sólo las fundamentales del área de seguridad (Sedena, Semar, SSP y PGR). 2. En el plano militar, de inteligencia y de justicia, debe haber esfuerzos simétricos hacia todas las organizaciones criminales. Si no se actúa por igual contra lo que se consideran los seis cárteles más poderosos del país, los golpes contundentes a un grupo de ellos sólo favorece la acumulación de poder en los rivales. Se habla insistentemente de que la acumulación de poder en el Cártel de Sinaloa –encabezado por El Chapo Guzmán– en parte se debe a la incapacidad del gobierno por llegar a su epicentro, o a la habilidad delChapo por haber tejido redes de protección y gran capacidad empresarial. En toda "guerra" al enemigo se le pega en todos los frentes, pero se debe buscar la "victoria decisiva" dirigiendo los golpes medulares al cerebro del enemigo, o donde el enemigo es más fuerte. 3. Como la guerra es de largo plazo, se debe contar con el respaldo de la sociedad civil. Esto implica que las fuerzas del Estado deben contar con el apoyo de la población, y que por ende se deben respetar los derechos humanos. La guerra se hace en condiciones de democracia y por ello el respeto a la población y el respeto a la ley es fundamental en las tácticas militares y policiacas. No se puede ganar la guerra y deteriorar la democracia. Sería un gran retroceso. 4. Factores externos. El narcotráfico es un poder trasnacional y debe haber esfuerzos concertados multiestatales. Se traspasaron las fronteras en esta guerra y la soberanía del Estado mexicano está vulnerada por los cárteles, se necesita la cooperación extranjera, es vital. Programa nacional de incautación de bienes Edgardo Buscaglia. Profesor de derecho y economía del ITAM y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico. El nivel de violencia de Ciudad Juárez representa el futuro de México, a menos que el gobierno mexicano implemente urgente y simultáneamente cuatro tipos de medidas políticas de manera inmediata: I. En México se debe llegar cuanto antes a un extenso acuerdo político interpartidista para verdaderamente empezar a limpiar lo peor de la cloaca de la corrupción política que hoy relaciona a los políticos con grupos del crimen organizado (por medio del ámbito empresarial privado y sindicatos, ambos infiltrados por el crimen organizado) en todos los niveles y en todos los partidos (Colombia de nuevo aquí es un buen ejemplo regional a seguir, en donde aproximadamente el 32 por ciento de sus legisladores nacionales de todos los partidos fue procesado judicialmente en casos ligados a corrupción y nexos con el crimen organizado en los últimos seis años). II. Como consecuencia del pacto político antedicho, el Ejecutivo federal mexicano debería empezar a lograr una mucho mejor coordinación entre los ámbitos de inteligencia operativa, procuración de justicia y Policía Federal, con la finalidad de que interinstitucionalmente puedan producir un mucho mejor material probatorio que vaya más allá de los testigos protegidos, corruptos y poco fidedignos, que manejan hoy la PGR y la Secretaria de Seguridad Pública. III: Que en realidad empiece un programa nacional de incautación de bienes en el ámbito empresarial legal, en donde el 78 por ciento de los sectores económicos del PIB mexicano han sido infiltrados. IV. Se necesita empezar a emprender programas preventivos en el orden social, de educación, salud e infraestructura social, con la finalidad de evitar y desacelerar el flujo de cientos de miles de jóvenes hacia las pandillas. Estos cuatro pasos son claves para poder desarticular a la delincuencia organizada desde sus cúpulas empresariales en el ámbito legal hasta sus bases operativas de campo –y ningún país en la historia documentada reciente ha podido contener al crimen organizado sin implementar estos cuatro componentes antedichos al mismo tiempo. Contra un crimen organizado como el mexicano, actuando en 21 tipos de delitos internacionales en 47 países y en donde el narcotráfico es solamente uno de estos delitos organizados, hasta el momento la estrategia propuesta por el gobierno federal sigue fallando en cumplir con estos estándares mínimos internacionalmente comprobados por su efectividad. Si estas cuatro medidas no se implementan, México se topará en el futuro inmediato con muchos escenarios regionales como el de Ciudad Juárez. Deslegitimar el delito Luigi Ferrajoli. Jurista italiano. La fuerza del derecho en la lucha contra la criminalidad consiste sobre todo en su asimetría con el delito. Sólo esta asimetría, que se manifiesta en el respeto de todas las garantías, incluso las del imputado, tiene la capacidad en los tiempos largos de deslegitimar ética, política y socialmente el delito. La respuesta más irracional –también puede parecer la más eficaz– es la idea de que la criminalidad organizada se puede combatir con formas de guerra; la guerra produce el efecto paradójico de elevar al enemigo al mismo nivel del Estado. En este sentido, la lucha contra la criminalidad organizada debe llevarse a cabo con las formas de las garantías del debido proceso. El Estado de derecho no conoce enemigos propiamente, por lo que solamente la respuesta del derecho permite colocar al crimen organizado al nivel del delincuente y deslegitimarlo política, social y moralmente; esta asimetría en los tiempos largos es la mejor fuerza del derecho. Abandonar la lógica de guerra Samuel González. Especialista en temas de seguridad y ex subprocurador PGR. 1. Reducir la violencia a través de estrategias integrales de lucha contra la delincuencia organizada según la Convención de Palermo: a. Desmembramiento de la empresa criminal y aumento a la eficiencia contra el lavado de dinero, utilización de la extinción de dominio. b. Limpien a todas sus policías y MP. Siguen infiltrados. c. Programas de prevención social del delito que incluyan desarrollo social, evitar que los adolescentes se incorporen a las bandas criminales. d. Combatan a la delincuencia organizada sin distinciones. e. Apoyen a las organizaciones sociales que darán impulso a la transformación del país. f. Abandónese la lógica de la guerra y asúmase la lógica del Estado de derecho. 2. Romper el pacto de impunidad que rige a partir de 2003 y que fue desarrollado por los políticos de varios partidos. Ataque sin miramientos a la infiltración de todos los partidos políticos. Reduzcan las causales de protección que se dan en la Constitución. 3. Desarrollar un programa serio de lucha contra la corrupción que incluya una institución investigadora autónoma, un Ministerio Público autónomo. 4. Desechar las ideas de los asesores del gobierno federal que dicen que los narcos son empresarios y tienen una lógica empresarial. Lo que tienen es una lógica criminal que se ve claramente en Juárez. 5. Pasar de la "democracia cuentavotos" (IFE Y Trife, que no ve quién financia la compra de votos independientemente que sean fondos públicos ilegalmente utilizados o de delincuencia organizada) a una democracia sustancial que analiza quién financió y cómo se financió. 6. Fondos para los programas sociales. 7. Interpretar la Constitución federal de manera que estados y municipios puedan recaudar contribuciones de la manera proporcional y equitativa que se requiere para desarrollar sus atribuciones constitucionales. Participación ciudadana Luis González Placencia. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Para atenuar la violencia y las lamentables pérdidas humanas es necesario reafirmar el papel del Estado en la resolución de los conflictos sociales y la búsqueda de la paz social. El incremento de las penas no incide en la disminución de los crímenes y la excesiva presencia policial y militar propicia una mayor vulneración de los derechos fundamentales. Es necesario que los distintos niveles de gobierno diseñen e implementen una política consensuada e integral de seguridad ciudadana, basada en la coordinación interinstitucional, la profesionalización de los cuerpos policiales y de investigación criminal, la reducción y protección sistémica de las víctimas de los delitos y la violencia; y, la participación ciudadana en la rendición de cuentas, como ejes fundamentales para fortalecer el Estado democrático de derecho. El Estado, en su quehacer gubernamental, debe priorizar el desarrollo efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, a través de políticas públicas que garanticen el empleo y la educación universal, a fin de generar condiciones de desarrollo social que contribuyan a asegurar la paz y la seguridad. Retiro del Ejército Sergio González Rodríguez. Escritor, autor de 'El hombre sin cabeza'. Urge un cambio mental en nuestras clases dirigentes. El narcotráfico es parte indivisible de las instituciones: determina los procesos económicos y políticos del país. Se debe extirpar la idea de que el problema "somos todos". Ha implicado e implica responsabilidades específicas en el poder. Dar un giro en la estrategia implica: 1) desarticular su estructura financiera y sus nexos con el poder político y económico; 2) cancelar la sociedad policial-paramilitar; 3) retirar al Ejército de tareas de gendarmería; 4) restablecer el sistema de inteligencia; 5) refundar las policías; 6) ajustar el marco legislativo (más leyes y mayores penas de nada sirven); 7) plantear nuevas políticas (castigo a los delitos contra los derechos humanos desde las instituciones; legalización gradual de las drogas; campañas preventivas y de rehabilitación; depuración de funcionarios, jueces, prisiones; reemplazo de tierras de cultivo, etcétera.) Desideologizar el problema Ernesto López Portillo. Presidente del Instituto para la Seguridad y Democracia AC. Propongo sacar las acciones del Estado en materia de drogas de la bolsa de ideología y prejuicios que hoy las tienen secuestradas, para llevarlas a una bolsa de evidencia empírica que muestre lo que las drogas realmente son y no son, los verdaderos efectos provocados por el uso y el abuso, así como las verdaderas mecánicas que vinculan las drogas y la criminalidad organizada y no organizada, y las que no lo hacen. Una vez construida la plataforma de evidencia empírica, entonces el Estado debe diseñar una política de Estado que al mismo tiempo sea integral y segmente las estrategias, en particular las destinadas a la demanda y la oferta. Si al mismo tiempo se cuenta con una visión integrada y segmentada, entonces el Estado podrá decidir las prioridades; por ejemplo, con la evidencia empírica en la mano, será posible saber si es más efectivo comprar helicópteros para destruir plantíos o construir cientos de centros de atención a consumidores. Propongo, en una palabra, frenar el "gobierno de las drogas por ideología", para abrir paso al "gobierno de las drogas por evidencia empírica". Despenalizar el consumo Alejandro Madrazo Lajous. Coordinador del Programa de Derecho a la Salud del CIDE. Miembro del Colectivo por una política Integral Hacia las Drogas. Las recientes reformas a la Ley General de Salud que sancionan el narcomenudeo no legalizan el consumo, como se ha difundido. Al contrario, criminalizan al consumidor promedio, al establecer sanciones para los consumidores de dosis que son las más comunes en el mundo. Aunque la ley implica avances, al distinguir entre consumidor y adicto e incorporar conceptos como la reducción de riesgos y reducción de daños, ésta debería revisarse para avanzar efectivamente hacia la despenalización del consumo. Cortes de drogas Antonio L. Mazzitelli. Representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe. La estrategia lanzada podría complementarse con: Establecimiento de Cortes de drogas: permitirían romper el círculo vicioso entre consumo (problema de salud) y el crimen (problema de seguridad) ofreciendo al mismo tiempo respuestas concretas y locales a los problemas de narcomenudeo, violencia relacionada al consumo de droga, ofrecimiento de servicios calificados en tratamiento y rehabilitación, implementación de la nueva ley sobre narcomenudeo. Lavado de activos: extender a las entidades federativas su capacidad de investigación hacia el sector patrimonial y hacerlos partícipes de la división de bienes incautados al narcotráfico. Revisar y simplificar la Ley de Extinción de Dominio. Creación y fortalecimiento de observatorios de seguridad ciudadanos y dar seguimiento a denuncias para definir indicadores, políticas, procesos y justificar toma de decisiones por parte de las autoridades competentes (municipales y estatales), así como promover la participación de la sociedad civil. Reforzar las medidas y políticas de desarrollo económico y sociales para las poblaciones locales en zonas tradicionalmente utilizadas para cultivo ilícito de enervantes. Fortalecimiento de programas de formación y capacitación en prevención de delito para padres de familia y líderes comunitarios. Fortalecimiento de la justicia juvenil a nivel estatal y del sistema penitenciario para el tratamiento de menores en conflicto con la ley (reinserción socio-laboral). Escuchar a los expertos Élmer Mendoza. Escritor. En México hay expertos de primer nivel en todos los aspectos relacionados con el combate a la delincuencia. Que el Presidente los consulte, los escuche y establezca una nueva estrategia, porque la actual es un fracaso. Que no sea orgulloso. Que sus expertos reconozcan sus limitaciones. El pueblo de México merece que lo miren a la cara, merece que se deje de pensar que es menor de edad o un ente con retraso. Merece creer en algo que no sea mediático. El Presidente debe aprovechar su juventud y aprovechar el poco tiempo que le queda. Que alguien le diga que la soberbia es un pecado y que hasta ahora su periodo ha sido de mucho daño. Los expertos que debe consultar son gente capaz, preparada con recursos de la nación y dispuestos a colaborar. Y si se anima y le quedan algunos meses, que revise su política social y educativa, y que haga algo para que dejemos de dar lástima. A él que le interesa tanto el impacto de México en el mundo, que sepa que está delicadamente en bancarrota. Legalización de la mariguana Ethan Nadelmann. Director ejecutivo de Drug Policy Alliance. Legalizar la mariguana en Estados Unidos tendría efectos considerables en México, pues disminuiría el mercado y la lucha entre los cárteles por controlar las rutas de tráfico. Si se reduce la demanda de las drogas ilícitas, se reducen los beneficios para las bandas del crimen organizado. Puedo imaginar a Felipe Calderón y Barack Obama teniendo un diálogo privado sobre la legalización de drogas, no creo que sea público, pero lo que sí es viable es que Calderón y Obama convoquen a un simposio de alto nivel en donde se discutan todas las alternativas, un diálogo amplio y abierto con todas las posturas. Atender a la juventud Javier Oliva Posada. Especialista en Fuerzas Armadas, UNAM. Resulta peculiar la reacción del gobierno de la República frente a un delito que tiene su origen en la codicia, el dinero fácil y, al mismo tiempo, con claras patologías de descomposición social y pérdida de valores. Y es justo en esa dirección en donde no se hace mucho. E incluso, con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2009, así como con los indicadores de la Secretaría de Salud, el combate al narcotráfico ha ocultado otra adicción no menos dañina y mortal entre la juventud, como lo es el alcoholismo. Drogadicción y alcoholismo están mermando la principal riqueza de nuestro país, que son la niñez y la juventud. Es en la prevención donde los medios de comunicación y en particular la televisión abierta tienen un papel crucial, y no se han sumado ni les interesa sumarse a programas que afectarían sus ventas publicitarias y el siempre esclavizante rating. La tarea no puede basarse en la fuerza ni en la exhibición de la misma, cuando lo que está en crisis es el sistema de valores. Coordinación institucional Raúl Plascencia Villanueva. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La prevención resulta fundamental en cualquier acción orientada a disminuir la incidencia delictiva, particularmente en el combate al crimen organizado, en donde se requiere la colaboración decidida de instituciones públicas y privadas, así como de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las acciones que se realizan en la materia, para que las políticas públicas se orienten a la realidad que padecemos. Es indispensable el trabajo coordinado y eficaz en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública, que no debe ser vista sólo como parte del trabajo de un ámbito de gobierno, sino como un compromiso de todos. Crear empleos José Luis Piñeyro. Especialista en seguridad, UNAM. Al fin, la crisis de seguridad pública, social, laboral y educativa en Ciudad Juárez ha hecho que el gobierno de Calderón reconozca que la guerra al crimen organizado y en particular al narco no se gana sólo con acciones represivas. Allí se ha reconocido que la fallida estrategia anticriminal hace agua porque no incorpora otras tácticas (prevención del consumo de drogas, rehabilitación de drogadictos, participación social, confiscación de dinero y propiedades ilícitas) de forma sistemática y porque no hay una estrategia que modifique el desgarrado tejido socioeconómico. Miles de becas para capacitación laboral, atención social a 25 mil familias, más centros educativos y recreativos, y soldados, son la respuesta gubernamental para Juárez. Surgen preguntas: ¿cuánto tiempo durará la presencia federal?, ¿abarcará sólo Juárez o el territorio de muchas otras ciudades?. Urge elaborar políticas de Estado en seguridad pública, social y laboral con amplia cobertura territorial, temporal y social, sobran los gobernantes sexenales que sólo piensan en la seguridad del gobierno y faltan estadistas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que les preocupe la seguridad nacional y la del Estado. Proyectos de vida Haydeé Rosovsky. Psicóloga, ex directora del Consejo Nacional Contra las Adicciones. La prevención del consumo de drogas debe pasar por generar más oportunidades a los jóvenes, más educación, más empleos, más viviendas, más equidad. Para prevenir que un joven consuma drogas no hay nada más efectivo que ofrecerle un proyecto de vida, que hoy no están teniendo millones. Erradicar la impunidad militar José Miguel Vivanco. Director para las Américas de Human Rights Watch. El empleo del Ejército en tareas de seguridad pública durante el gobierno del presidente Calderón provocó un dramático aumento de denuncias de abusos militares (mil 791, sólo en 2009) que quedaron mayormente impunes. Militares acusados de cometer torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales son rutinariamente investigados por el sistema de justicia militar, que carece de independencia e imparcialidad. Según información oficial, los militares sólo condenaron a un soldado a nueve meses de prisión por un abuso contra civiles cometido en este sexenio. Esta impunidad generalizada impacta negativamente en las políticas de seguridad del gobierno: atenta contra niveles mínimos de profesionalismo necesarios para la eficacia de estas tareas, aumenta la sensación de caos y genera desconfianza y temor en la población civil. Para terminar con este patrón de impunidad, los abusos militares contra civiles deberían ser debidamente investigados y juzgados por autoridades civiles. * Ideas expresadas durante el encuentro internacional Vientos de cambio: la política de drogas en el mundo, organizado por el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo Fecha de publicación: 26-Feb-2010 |
domingo, 7 de marzo de 2010
20 alternativas frente al narco
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