Siete décadas del PRI

A propósito del 80 aniversario del PRI, publico aquí íntegro un trabajo que realicé en 2000, unos meses después del triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales. Me parece una buena ocasión para publicarlo y como reflexión sobre el momento que tanto el Presidente Fox, como los partidos políticos y los legisladores en el Congreso de la Unión dejaron pasar. Las revistas Nexos y Examen publican este mes interesantes artículos sobre el PRI.





Siete décadas mexicanas 1929-2000[1]
Por: Geraldina González de la Vega (derechos reservados)



México a partir de la expedición de la Constitución del 17, ha vivido diversos cambios en materia democrática. El principio democrático[2] se encuentra dispuesto en nuestra Carta Fundamental en el artículo 40 que el Estado Mexicano es una república representativa democrática federal, garantizando los derechos fundamentales a través de los primeros artículos constitucionales, una división de poderes dispuesta en el artículo 49 y reconociendo la soberanía en el pueblo en los artículos 39 y 41.
Desde el año en que se promulgó la Constitución, fueron creándose partidos políticos y mediante la expedición de diversas leyes electorales se reguló su participación en el proceso político.
Durante el régimen cardenista, el sistema político mexicano adquirió fuerza y consolidó un régimen autoritario basado fundamentalmente en el corporativismo. El PRI, creado en 1929, adquirió durante el gobierno del General Cárdenas, en 1938, una nueva estructura, incorporando a sus bases organizaciones sociales como la CTM, CNC, CNOP, entre otras, con la finalidad de conciliar las diversas facciones políticas posrevolucionarias. Durante este periodo el partido cambió de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana. Mediante la incorporación de grupos el partido adquirió una estructura corporativista y por tanto el régimen fue consolidándose hasta cambiar su denominación a Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.
El régimen priísta entre 1940 y 1970, articuló un sistema corporativista inclusivo-subordinado con una política económica intervencionista. El proyecto institucional estaba basado en un proyecto nacional-popular, sobre una base corporativa y una activa participación del Estado. Este proyecto favoreció el crecimiento económico y gozó de una amplia legitimidad gracias a la herencia política de la Revolución. El presidencialismo, vinculado con las características del Estado mexicano otorgaron cohesión administrativa y legitimidad al titular del Ejecutivo.
Durante estos años hubo una despolitización so pretexto del crecimiento económico y sobre todo del riesgo de desestabilización del régimen. El sistema de partidos en México era realmente raquítico, pero en realidad su existencia estaba ligada a la existencia de una oposición legal al régimen, pues existió una enorme contradicción entre las reglas y la realidad.
Esta época marcó lo que J.F. Escobedo ha denominado la “Fundación y Consolidación del Régimen” pues el partido hegemónico conservó una cohesión interna a pesar de la heterogeneidad de sus miembros y la diversidad de intereses que presentaron, aunado al impresionante crecimiento económico sostenido, logrado con la participación conciliada del sector empresarial, gracias al intervencionismo estatal. Esta época marcó las estrechas relaciones entre la burocracia sindical y el régimen, debido a los procesos de inclusión política de trabajadores al partido.
Hasta antes de 1968 las tensiones en el orden político se producían principalmente debido a desacuerdos de la elite, sin que esto resultara en una crisis interna.
El movimiento estudiantil de 1968 marcó lo que se denomina la inestabilidad del régimen, pues se presenta como un movimiento social que cuestiona fuertemente la capacidad del gobierno, la débil oposición existente acentúa la hegemonía del partido y provoca la movilización social opositora al gobierno.
El régimen opta por la represión desmesurada, una reacción desproporcionada llevó a subrayar la incapacidad del sistema para recibir las demandas sociales y a exhibir la coercitividad como método para asegurar su permanencia y reprimir las voces opositoras. El agotamiento del modelo económico (Desarrollo Estabilizador) auguraba una crisis, lo que afectó al sistema para regular los desacuerdos de la sociedad y enfrentar los cuestionamientos. La sociedad se comenzó a exacerbar hasta que encontró una salida mediante el movimiento de ´68, mismo que vino a confirmar la incapacidad del régimen para atender y procesar las demandas y exigencias de una sociedad descontenta. El movimiento vino a cuestionar la ausencia de espacios de expresión y participación y generó una importante desestabilización del régimen.
A mediados de los sesenta tuvo lugar la primera desavenencia dentro del partido, iniciada por Carlos Madrazo, quien no estaba de acuerdo con los procesos impositivos de elección de candidatos. La primera ruptura interna de la coalición y el primer movimiento social vienen a marcar el primer momento de desestabilización del régimen priísta.
El periodo de 1968 a 1977 fue un periodo caracterizado por diversos movimientos sociales e indígenas, guerrillas, luchas de colonos y tomas de presidencias municipales y de palacios de gobierno. Junto con los movimientos sociales se desató una crisis económica en 1971 que avivó los movimientos y el descontento social. Con todo ello, el régimen logró conservarse e inhibir cualquier expresión crítica. El movimiento y los subsecuentes enfrentamientos sociales impulsaron el fin de la etapa de consolidación y estabilidad del régimen, pero no a su fin.
La represión al movimiento de ´68 costó muy cara para el régimen, pues vino a confirmar su hegemonía y coercitividad, ya que la pérdida de autonomía del gobierno presentaría un costo muy alto. La puerta que dejó abierta el movimiento de ´68 fue aprovechada por diversos actores sociales para oponerse al régimen hasta que durante el gobierno de Echeverría se logró un proceso de apertura controlada y el cambio a un modelo populista de gobierno.
Las elecciones de 1970 dieron de nuevo legitimidad al régimen, pues aun cuando los movimientos opositores despertaron a la ciudadanía, no la alentaron del todo a contender en la arena política.
Durante el gobierno de Echeverría se paso de un modelo económico de desarrollo estabilizador a un desarrollo compartido, los rasgos populistas y sociales no se hicieron esperar, pues la estrategia era dar respuesta a las demandas y exigencias populares.
Durante este gobierno, dadas las políticas mencionadas, la crisis entre el sector empresario, la elite política y la burocracia sindical fueron tornándose más severas. El gobierno diseñó una estrategia para darle legitimidad al régimen mediante una retórica populista, basada en las ideas de la Revolución y la justicia social. El movimiento de 1968 estimuló a la sociedad en la participación política mediante los movimientos sociales, inclusive mediante su ingreso a la arena política, lo que en cierta forma incrementó la existencia de partidos políticos. Fundamentalmente los nuevos partidos se inclinaron a la ideología de izquierda, mientras que el PAN persistió en una oposición restringida.
La creciente participación de la oposición generó la creación de la figura de diputados de partido, mediante una ley expedida en 1963 que permitió a las minorías encontrarse representadas en el Congreso. El gobierno de 1976 a 1982 de José López Portillo abandonó las políticas de Echeverría pero no superó las crisis y se generó una honda ruptura entre la elite política y el sector empresarial. Durante esos años se alcanzó una severa crisis económica debido a la baja en los precios del petróleo lo que vino a acrecentar la inflación, desestabilizar el tipo de cambio, agregado al agotamiento de plazos para el pago de intereses de la deuda.
La crisis estimuló la protesta y la movilización social lo que sacudió a las elites y provocó una apertura controlada y gradual del pluralismo en México.

En México el proceso de liberalización se inició hace veinticinco años, a partir de las reformas de 1977[3], el proceso de apertura controlada inició, apoyado por el gobierno mediante la expedición de una Ley Electoral promovida por Reyes Heroles en la que se sustituye la figura de diputados de partido, por la representación proporcional. En 1986 se expide una nueva legislación electoral que la oposición tacha de “contrarreformista” de la apertura comenzada en 1977, en esta Ley Federal Electoral se amplía la representación proporcional y por primera vez se introduce un recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia.
Para las elecciones parlamentarias de 1991, se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual surge a través del consenso entre facciones parlamentarias, y en especial de la inédita relación entre el Partido Acción Nacional y el Gobierno a través de un documento que el mismo partido suscribe llamado “Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia”[4] en el cual se reconoce la legitimidad del triunfo de Salinas en 1988 y se pacta una nueva relación con el régimen. La nueva legislación establece reglas para el financiamiento de partidos políticos, tiempos en medios de comunicación, la ciudadanización de las autoridades electorales y la reforma a delitos electorales, entre otras.

La primera Ley Electoral de la etapa constitucionalista del 17, se expidió en 1918, misma que fue sustituida por una en 46; modificaciones para una representación de minorías con los diputados de partido en 64; una nueva en 73; otra en 77, que junto con las reformas constitucionales avanza en la representación proporcional en la Cámara de Diputados y amplía los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, con la cual empieza la reforma política; en 87 se reforma la Constitución y se expide un Código con un sistema electoral que estimula el pluralismo y amplía la representación proporcional; en 89 se reforma de nuevo la Constitución y se expide un Código para ampliar la imparcialidad y confiabilidad de los comicios[5]; y nuevas reformas en 91, 93 y 96, siendo éste código el actualmente vigente[6]. Pero no fue hasta las elecciones de 2000, cuando unas de las metas de la democracia fue alcanzada y la añorada alternancia fue conseguida por la oposición.
La transición democrática mexicana puede ser vista desde distintos ángulos, una forma de considerar el avance del pluralismo, la competencia abierta y la alternancia, puede ser desde los niveles de gobierno, es decir, creemos que el liberalismo mexicano inició a partir de la apertura liberal –si bien, controlada- del gobierno priísta desde 1977 y que comienza a apreciarse a partir de las derrotas al partido oficial en los municipios a partir de 1983.

La liberalización en México se dio de una manera centrípeta, yendo desde el ámbito municipal, subiendo al ámbito local o estatal, al Congreso, al Distrito Federal y culminando con el Gobierno Federal. Este proceso de apertura puede ser visto desde diversos puntos de vista, existe una gran cantidad de factores que llevaron a la fortaleza de la oposición, a la alternancia y a la fractura de la coalición dominante. Un factor decisivo fue la falta de cohesión en el partido dominante, varios motivos llevaron a su desarticulación, pero sin duda uno de los principales fue la recalcitrante actitud de los grupos tradicionales a modificar sus estatutos y a permitir la apertura liberal.
Un cambio en el partido en un sentido democratizador lo habría llevado por otro camino, quizá no a asegurar seis años más, pero tal vez a asegurar su permanencia en la arena política. La desavenencia interna llevó a la fractura del partido lo que ahora parece llevarlo a su propia destrucción. Las crisis económica, controlada durante el sexenio salinista, así como la crisis política y social llevaron al país a inconformarse cada día más con el régimen. Los movimientos sociales como el levantamiento del EZLN, los reclamos de la oposición, el disgusto popular con el sexenio de Salinas y la reanudada crisis económica fueron factores que demolieron la legitimidad del régimen conseguida en los años anteriores.
Otro factor importante fue el reconocimiento de la capacidad de otros partidos para gobernar por parte de los ciudadanos, "probando" desde sus ámbitos comunitarios, hasta sus gobiernos estatales y legislativos, así como el Legislativo Federal, de la competencia de la oposición para satisfacer sus necesidades y gobernar, otorgando posteriormente, el voto a la oposición el Gobierno Federal, pues se conjugó una liberalización que fue desplazando al PRI desde "abajo hacia arriba". Los factores económicos, políticos y sociales fueron encausando hacia un pluralismo cada día más creciente y un partido hegemónico cada día más anquilosado y fracturado, que junto con el cansancio popular llevaron a su fracaso electoral.
A partir de la crisis económica de principios de los ochenta, el régimen priísta sufrió una gran inestabilidad, los problemas económicos, políticos y sociales parecían incontrolables y con un presidente poco carismático parecía que el régimen autoritario mexicano sufría un proceso de debilitamiento que terminaría por llevarlo a la fractura, las disputas de la elite y de los dirigentes eran cada día mayores, inclusive un grupo importante se desplazó hacia la oposición inconforme con los métodos de designación de los sucesores y la persistencia en las viejas ideas de la Revolución, lo que formó una oposición bien articulada, conformada por varios pequeños partidos, y con dirigentes que si bien habían pertenecido al partido en el poder, ahora formaban una de las oposiciones más importantes del régimen.
El Frente Democrático Nacional obtuvo una enorme cantidad de votos en las elecciones del ´88 –cerca del 30%-, pero aún con ello, el PRI obtuvo la mayoría –cerca del 50%-, difícilmente se impuso por sobre el PAN y el FDN siendo una de las elecciones más competidas de la época posrevolucionaria y el menor porcentaje de votos obtenidos por el PRI desde su integración. Mucho se discutió sobre la legitimidad de las elecciones, pero lo cierto fue que el gobierno de Salinas de Gortari logró legitimarse a través de los siguientes cinco años, donde por cierto, el autoritarismo del régimen se acentuó y cobró nuevos bríos.
El gobierno tuvo una estrategia de restauración legitimista y de control del poder político. Todas las acciones políticas estuvieron subordinadas a los objetivos de la política económica. La eficacia económica generó complacencia y aceptación, para mantenerla hubo que sobreutilizar los tradicionales y autoritarios mecanismos de negociación entre actores económicos, sociales y de gobierno y de control de la demanda social por la trama corporativa.[7]

Hasta 1993 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la crisis de legitimidad y los problemas de gestión económica aparentemente se superan: la economía crece, la inflación cede, es posible la contención social, el déficit público está controlado, hay fondos públicos, hay resultados alentadores en la estrategia para atenuar los problemas de la pobreza y en 1994 México es aceptado en la OCDE[8]. El gobierno de Salinas respondió a los problemas políticos, económicos y sociales heredados y que se cargaban desde los primeros años de los ochenta, mismos que a través de programas de modernización administrativa y económica fueron solamente contenidos por el régimen anterior, pero que finalmente, y gracias a la maniobra salinista abrieron el horizonte y permitieron desplegar el régimen autoritario y prorrogar su existencia durante un sexenio más, esquivando algunos cruentos sucesos en 1994, el PRI obtiene una holgada victoria con su candidato Ernesto Zedillo, quien llega al poder debido al homicidio de Luis Donaldo Colosio. El 50% por sobre un 26% obtenido por el PAN, con el candidato Diego Fernández de Cevallos, y un 17% obtenido por el candidato Cuauhtémoc Cárdenas del PRD (antes FDN).
Los resultados electorales de 1994 tuvieron muchos resortes, la estabilización económica lograda en el régimen salinista, el martirio colosista, el dogmatismo de izquierda cardenista y la desaparición de la escena política del candidato Fernández de Cevallos, a quien, por cierto, la opinión pública lo prefiguraba como triunfador después del debate televisivo que sostuvieron los tres principales candidatos, y finalmente mucho se habló también del “voto del miedo”. México no tuvo influencia del exterior en cuanto a su liberalización o tránsito democrático hasta las elecciones celebradas en 1997, en las de 1988 el candidato del FDN tenía posibilidades de triunfar, pero la ideología izquierdista del partido y del candidato C. Cárdenas llevaron a justificar el apoyo al PRI por parte del vecino del norte, pues era la única forma de continuar con la liberalización económica.
Lo cierto es que durante el régimen salinsta el PRI se fortaleció, en las elecciones parlamentarias de 1991, obtuvo la mayoría de curules y lo mismo en las de 1994; una vez asegurada la presidencia y la mayoría legislativa, Zedillo propuso una modernización del PRI que fijó a través de una ruta en la que se reformaría al partido mediante el consenso de los militantes, la reforma consistiría en una revisión total a los estatutos con la finalidad de modificar las reglas internas y externas para actuar en una democracia competitiva y transparente, reforma que quedaría truncada por el homicidio del Secretario General del partido e impulsor de esta transformación y democratización interna, José Francisco Ruíz Massieu.
Las elecciones de 1994 legitimaron de nuevo al régimen priísta, la transición quedó aplazada pues se reanudó el régimen y cobró de nuevo una estabilidad que venía lastimada por los sucesos de 1994, una votación holgada y legitimada llevó a reafirmar la ambigüedad del proceso de liberalización logrado durante los últimos años, por lo que la oposición se quedó a la mitad del camino. Si bien la apertura democrática, sobre todo en materia electoral durante los últimos años de los ochenta y los primeros de los noventa, llevó a un pluralismo activo y algo controlado, el camino recorrido por la oposición se vio interrumpido gracias al despliegue del aparato priísta.
El presidente Zedillo no se caracterizó por ser un líder carismático, tampoco por lograr una celeridad y un dinamismo político, económicamente heredó una crisis sin precedentes, que vino a devolver a México a la realidad social y económica, el “error de diciembre” achacado a Salinas fue una de las causas de rompimiento y descrédito para el partido, aunado al desprestigio difundido a la familia Salinas y a otros priístas, el partido comenzó su descenso político. Aún con el fallido Pacto de Los Pinos celebrado en 1996, se llevó a cabo una reforma política que no fue del todo bienvenida por la oposición pero que guió a las primeras elecciones transparentes y confiables en 1997.
En 1997 se celebraron elecciones parlamentarias y locales para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal –las últimas, realizadas por primera vez a partir de las reformas constitucionales de 1994- en ellas, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, pero la conservó en la de Senadores y perdió con una arrasadora mayoría la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal frente al PRD (47.11% sobre 25.08% del PRI), los comicios mostraron una sociedad descontenta con el régimen y una oposición fortalecida. El PRI fue siendo desplazado en varios municipios y estados y poco a poco la oposición fue demostrando su capacidad y su eficacia. La fortaleza lograda por los partidos de oposición, su capacidad de negociación y su victoria en elecciones locales y municipales, lo llevaron a cobrar un importante lugar en la arena política.
Las reformas electorales, la necesidad de legitimación del régimen por medio de avances democráticos y las nuevas oportunidades en la arena política llevaron a partidos como el PAN y el PRD a tomar importantes posiciones gubernamentales alrededor de la República, y finalmente hasta la presidencia y la mayoría legislativa federal.
La alternancia, vista como un elemento democrático indispensable, es la cúspide alcanzada por la democracia mexicana, el problema reside en: si México puede decirse ya un país democrático, pues requiere una urgente revisión constitucional, así como de procesos de consenso entre los grupos políticos para llegar a un acuerdo institucional y una consolidación de la democracia. La derrota de la coalición dominante fue la victoria de la oposición, la conquista de muchos que desde afuera de las elites políticas, añoraban un nuevo gobierno, una alternancia en el poder como una de las condiciones para que México viviera en democracia y se asegurara ésta.

Lo cierto es, que gracias a la participación de diversos grupos políticos, este momento llegó y que no puede dejarse de lado, la colaboración de ellos llevó a la liberalización del Estado Mexicano y a la apertura hacia la democracia. Los resultados de las elecciones de 2000 cargaban un bagaje de varios años de lucha y de cooperación que culminaron en lo que muchos soñaban era la aspiración máxima a alcanzar. México al poseer una denominación ambigua para su régimen, también ha pasado por un proceso de transición democrática ambiguo, pues como Cansino lo denomina, “Un régimen sui generis una transición sui generis”, la transición democrática mexicana si bien ha tenido matices diversos, pues se trata del cambio de un régimen semi democrático o semi autoritario, pasa por un proceso en el que la apertura es controlada como en un régimen autoritario, pero nunca utiliza los procedimientos autoritarios para hacerlo.
El régimen mexicano se encontraba fundamentado en un partido bien institucionalizado con estructuras definidas, que fueron desequilibrándose y perdiendo legitimidad y cohesión interna. Przeworski demuestra que más que los niveles de legitimidad de un determinado régimen político, aquello que está en la base de un cambio político o de la permanencia de un régimen es la presencia o la ausencia de opciones preferibles. De ello, podemos concluir que el cambio político comienza a partir de que la sociedad se da cuenta de que no tiene más opciones que el partido hegemónico, con lo que comienza la movilización y con ello, surgen nuevas opciones, mientras que, por otro lado, internamente en la coalición los intereses comienzan a ser diversos y surgen rupturas, que al principio logran subsanarse, pero que finalmente acaban por dividirlo.
Esta crisis está marcada por la ruptura del consenso entre los actores que controlan o apoyan las decisiones políticas. La ruptura está ligada a la emergencia de contradicciones entre los conservadores o “duros” y los reformistas o “blandos”. La emergencia de estos conflictos resulta de una modificación en los cálculos y las estrategias de un cierto número de actores, los cuales, en un momento determinado deben juzgar si sus intereses pueden ser mejor conservados manteniéndose el régimen autoritario o mediante una democratización.[9]
La crisis del régimen es un estado inestable, puesto en evidencia por la inexistencia de equilibrio entre: demandas políticas, apoyos, procesos decisionales y outputs o respuestas en el nivel de la relación estructuras de autoridad-comunidad política. El equilibrio entre estos factores se rompe cuando las múltiples fracturas existentes en la sociedad civil y que se transfieren a las estructuras políticas a través de diversos actores, no logran ser conciliados en el seno de las coaliciones dominantes y fundantes del régimen, propiciando su fractura.[10]
Cuando hay una fractura de la coalición dominante que rompe el equilibrio relativo, estamos frente a una crisis de régimen político, este hecho pone en peligro la persistencia del régimen, ya que deja de ser estable. El desenlace de la crisis puede retrasarse indefinidamente o incluso revertirse dependiendo del grado de institucionalización del régimen. A partir del movimiento del 68, comienza la movilización social y con ella, la ruptura interna de la coalición, el partido requiere cohesión y legitimación, para ello recurre a la apertura misma que comienza la liberalización política del régimen.
En los últimos 30 años, decisivos en la apertura pluralista de México, encontramos que México vivió una transición democrática larga pero que camina hacia la democracia, hecho que no necesariamente sucede en todos los casos. La democracia mexicana comenzó con los resultados electorales primero de 1997 y después de 2000, pero aún no puede asegurarse una consolidación, pues al régimen actual le hace falta todavía un consenso entre los actores políticos para llegar a un acuerdo democrático, necesario para la consolidación.
Por otra parte, es necesaria la reestructuración o reforma del Estado, pues un régimen que pretende deshacerse de los tintes autoritarios o semiautoritarios, requiere de una modernización y modificación de las estructuras de gobierno.
La transición mexicana comenzada a partir de la apertura controlada de 1977, fue un proceso largo gracias a la institucionalización de las estructuras políticas del PRI, que aun desequilibradas se mantuvieron en el poder y permitieron una transición lenta. La transición mexicana debe ser vista desde los puntos de vista de desequilibrio y adaptabilidad, así como de continuidad y cambio. El régimen mexicano sufrió varios desequilibrios, pero logró adaptarse a las circunstancias y a consolidar el régimen, los cambios sufridos fueron varios pero continuó su camino hasta que las desavenencias internas y el cansancio popular llevaron a su fin.

De acuerdo con las diferentes modalidades de transición, podemos concluir que la transición mexicana fue lograda hasta este 2000, mediante un proceso de liberalización gradual y controlada, que tuvo las siguientes características:
1. De acuerdo a su dinámica o causas, la transición mexicana fue, como la llama Huntington, la solución que prevalece, pues se percibió la respuesta común a diferentes desafíos o problemas dentro del país (crisis económicas, sociales y políticas).
2. De acuerdo a sus modalidades, la transición mexicana fue directa, pues el régimen autoritario fue estable y hasta que no logró satisfacer las necesidades sociales, económicas y políticas, se optó un régimen democrático.
3. De acuerdo con su tipo, fue debido a la crisis del régimen político, dada la crisis interna y externa que presentó el partido hegemónico.
4. Las características de la transición mexicana fueron con un mayor grado de tensión o conflictividad política, principalmente durante los últimos años, donde la oposición francamente adoptó un papel antisistema y se opuso ante la mayoría de decisiones gubernamentales y optó por diversas formas de movilización social, aunque no puede decirse que en su mayoría se registraron movimientos violentos –a excepción del EZLN-, la movilización política y social presionó de diversas formas. Fue una transición discontinua, debido a que el régimen sufrió diversas “subidas y bajadas” siempre finalmente conseguía legitimarse y continuar en el poder. La transición se concretó durante un largo tiempo de lucha política.
5. De acuerdo con la dinámica o temporalidad, la transición mexicana puede ser vista desde dos puntos de vista: por un lado que fue diferida, pues durante las elecciones de 1988, la alternancia pudo haber sido conseguida y mediante unas elecciones muy discutidas, el partido consiguió mantenerse en el poder y legitimarse posteriormente; también, puede ser vista como una transición con cadencia o ritmo, pues también puede pensarse que la velocidad fue apropiada para conseguir por un lado una mayor inestabilidad del régimen y por otro, una fuerza mayor en la oposición.
6. Su conclusión no puede ser aún comentada, pues si bien México consiguió una alternancia partidista, el nuevo régimen aún no ha logrado el consenso con los diversos actores políticos, como tampoco la indispensable reestructuración del Estado mexicano, vía una revisión constitucional. Los primeros comicios limpios y transparentes celebrados en México tuvieron lugar en 1997, por lo que de acuerdo con la teoría puede decirse que México comenzó a ser un país democrático.
Mucho se ha discutido acerca de la crisis de legitimidad del régimen durante el gobierno de Zedillo, y que por ello tuvo que respetar los resultados electorales de ese año, pero la realidad es que después de la reforma electoral de 1996, que aún cuando no respetó la mayoría de los acuerdos logrados con la oposición, dio lugar a instituciones confiables y a elecciones limpias y transparentes que parecieron demostrar el respeto a la voluntad popular y en un inminente desplazamiento de la coalición hegemónica.
El gobierno de Zedillo ya no logró ocultar el creciente multipartidismo, los reclamos sociales, la deslegitimación del régimen y la ruptura que, junto con la presión externa –Estados Unidos y la Comunidad Europea principalmente- llevaron a que la democratización pasara de ser pura retórica a una apremiante realidad, que México necesitaba y debía ser respetada.
La apertura al debate público y el derecho de participación fueron ampliamente respetados, la participación de partidos opositores cada día fue mayor y culminó con la alternancia en las elecciones de 2000, pero aún así con ello no puede hablarse de una democracia consolidada pues en los últimos tres años de gobierno no se han realizado las transformaciones que el Estado Mexicano requiere para poderse llamar una verdadera democracia. Resulta urgente revisar la Constitución mexicana y replantear al Estado mexicano.
Sólo sobre un nuevo sustento, verdaderamente democrático y de cara al siglo XXI México estará en condiciones de consolidar su democracia y sustentarla en un Estado de Derecho. De otra forma, México continuará siendo, aún sin el PRI, la dictadura perfecta.

[1] Todo lo referente a la historia socioeconómica y política de México, fue consultado principalmente en las obras de César Cansino; La Transición Mexicana 1977-2000; Centro de Estudios de Política Comparada, México, 2000. y Juan Francisco Escobedo.; Resonancias del México Autoritario; México, 2000.
[2] Nos limitamos a mencionar algunos de los principios contenidos en nuestra Ley Fundamental.
[3] Fue en la llamada reforma política de 1977 donde se introdujo en el artículo 6 constitucional, el derecho a la información y que por haber formado parte de importantes reformas electorales pasó casi inadvertido.
[4] Juan Fco. Escobedo; Resonancias del México Autoritario; México, 2000. Página 189.
[5] J.F. Ruíz Massieu; Cuestiones de Derecho Político (México-España); UNAM, México, 1994. Páginas 208-213.
[6] Cesar Cansino, Op. Cit. Página 297.
[7] Juan Francisco Escobedo.; Resonancias del México Autoritario; México, 2000; página 187
[8] Cfr. Página 189.
[9] Cesar Cansino; Op. Cit. Página 34.
[10] Leonardo Morlino; Op. Cit. Página 34.



Por: Geraldina González de la Vega (derechos reservados)

Escrito en México, octubre de 2000.

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